Mariano González Fernández (ATR Madrid - iCmedia): "Las televisiones deberían sondear los gustos de los usuarios"

El Director de Comunicación de ATR Madrid e iCmedia explica el rol de las televisiones privadas y públicas, el Estado y los organismos reguladores en España, y justifica por qué las organizaciones sociales son el ámbito más propicio para el fomento del asociacionismo entre los usuarios de medios audiovisuales. Las propuestas de ATR Madrid como entidad representativa de telespectadores y radioyentes.

Por: Carolina Roncarolo

Mariano González Fernández es Director de Comunicación de la Asociación de Telespectadores y Radioyentes-Usuarios de Medios de Madrid (ATR) y de iCmedia, Federación de asociaciones de consumidores y usuarios de los Medios.

¿Considera que actualmente existe un debate instalado en la sociedad acerca de los contenidos que se emiten por televisión?

Sólo a una parte de la sociedad le preocupa mucho los contenidos; se trata de aquella que tiene una mayor capacidad de discernimiento para diferenciar entre valores y contravalores.

Actualmente, las sociedades más desarrolladas tienden a reaccionar sólo ante las cuestiones económicas y no a los valores intangibles; entonces, los contenidos de la televisión, aunque tengan algo que decir sobre ellos, no forman parte de sus prioridades.

Teniendo en cuenta a los actores de la industria televisiva española, ¿considera que tienen interés en escuchar a su público, más allá de los índices de rating?

Por lo que se refiere a España, de las dos grandes cadenas privadas, sólo una acepta una relación fluida con la asociación a la que yo pertenezco (Asociación de Telespectadores y Radioyentes-Usuarios de los Medios de Madrid). Me refiero al grupo Atresmedia (Antena 3 y la Sexta). Mediaset España (Telecinco y Cuatro) son impermeables a cualquier opinión de las asociaciones.

Y las televisiones públicas (tanto la estatal, TVE, como las TV propiedad de las comunidades autónomas) bastante tienen con agradar a los respectivos gobiernos de turno y al partido político que en ese momento esté en la oposición, como para atender a las asociaciones de consumidores.

He de precisar, porque es muy positivo, que Televisión Española, la TV estatal, dispone de un Defensor del usuario, con un programa televisivo mensual de esa institución, que recoge puntos de vista de los telespectadores y de quienes se consideren perjudicados por alguna emisión. 

¿Considera que los actores de la industria televisiva promueven la participación y expresión de los televidentes?

Mi conocimiento se limita a Madrid y desconozco que existan iniciativas que fomenten la participación. Tampoco me parece que esa sea una misión de la industria televisiva, porque ella se debe más a los operadores, que son los compradores de sus productos.

Son las televisiones las que deberían sondear los gustos de los usuarios, aunque después tomen las decisiones que más les convengan. Comprendo que tomen decisiones de acuerdo con sus intereses económicos, pero también deben ser coherentes con los principios que inspiran su presencia en la sociedad. Por ser un medio de comunicación, lo determinante no debería ser el beneficio económico.

¿Qué rol cumplen el Estado, las empresas y las organizaciones sociales a la hora de fomentar la participación y expresión del público?

El papel de la empresa ya lo he mencionado: economía de subsistencia (con pérdidas económicas una empresa carece de sentido en un libre mercado) y coherencia con los principios fundacionales.

Respecto al del Estado, en España se limita a defender la política del partido que gobierna, y a no molestar demasiado a los partidos de la oposición al Gobierno. También suelen tener en cuenta la existencia de grupos significativos en la sociedad: sindicatos, patronal empresarial, lobbies cada vez más frecuentes (lo políticamente correcto), creencias religiosas mayoritarias. Aunque este último sector, TVE lo asume como una “obligación” y la cumple dedicando a la religión católica un programa semanal que se lo encarga a instituciones de la Iglesia.

Soy escéptico sobre la intervención del Estado en el mundo de los Medios de Comunicación, prensa escrita y digital, radio y televisión. En España la presencia de la TV pública (estatal y autonómicas) es excesiva y económicamente ruinosa.

En cuanto a lo que usted llama “organizaciones sociales”, no veo otra posibilidad que el fomento del asociacionismo entre los usuarios, por un lado; y la apertura de canales de participación de dichas asociaciones en los organismos reguladores, por otro.

En España hay dos organismos que regulan el sector televisivo: el Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Pues bien, ninguno de los dos tiene ningún sistema de recepción de opiniones por parte de los usuarios en su calidad de asociados. ATR planteó esa exigencia cuando se discutió en el Parlamento la ley que ha puesto en marcha la nueva CNMC, y la rechazaron.

En el contexto actual, ¿por qué cree que es importante que exista una organización representante de los intereses del público?

No veo sencillo que una sola organización (la pregunta habla de “una”) pueda representar los intereses del público, porque sería un monopolio. En una sociedad, el pluralismo es un dato. Me parece más positivo que existan asociaciones diversas entre sí, pero coincidentes en poder expresar su opinión sobre los contenidos de la televisión y hacerlos llegar a las cadenas. Esas asociaciones no deben estar mediatizadas por las administraciones públicas, sino limitarse a garantizar que sus objetivos son de interés general para el usuario y facilitar canales de expresión ante las televisiones.

La importancia de esas organizaciones se fundamenta en que la televisión no es una empresa productiva más, sino que su producto es ideológico.

En segundo lugar, también difiere de la prensa escrita o de la radio, incluso de la prensa digital. Todos estos Medios son muy plurales. Siempre hay alguno que se adapta a los gustos de cada consumidor. Pero las televisiones –hablo de las generalistas y en abierto, no de las TV de pago- son menores en número y el “cliente” no tiene que pagar por ver sino encender el televisor y limitarse a ver una “mercancía” que previamente ignora. ¿No es lógico que pueda dar su opinión de los contenidos?

Luego, la cadena hará lo que mejor le parezca, pero siempre conocerá lo que opina un sector alfabetizado, el de las asociaciones o el de cualquier ciudadano no afiliado a nada.



¿Disponen de herramientas cuantitativas y/o cualitativas que les permitan conocer “qué hacen con” y “qué esperan de” la TV los televidentes?

Desgraciadamente, el único instrumento que la sociedad tiene en España para opinar sobre los contenidos de las televisiones son las llamadas “quejas” a una Comisión Mixta encargada de controlar el cumplimiento del Código de Autorregulación ("Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia"), que firmaron todas las cadenas –públicas y privadas- en 2005.

Dicho Código se centra en habilitar unos determinados horarios para que en ellos no sea emitido nada que puede ser perjudicial o muy perjudicial para los menores de edad. Cualquier usuario puede enviar una queja a una página web dispuesta al efecto. El problema es que, en un país de 45 millones de habitantes, las quejas a esa Comisión oscilan entre 350 el primer año de funcionamiento y el poco más de 100 en el año pasado. ¿Por qué? Porque nadie se ha preocupado de dar publicidad a esa herramienta. Muy pocos saben de su existencia y nadie la publicita.

¿A través de qué propuestas construyen y gestionan el vínculo con las audiencias televisivas? ¿Qué tipo de actividades o productos llevan adelante?

Como asociación, ATR ha elaborado diez informes independientes para demostrar a las cadenas que incumplen los horarios de protección infantil, o sea, el habilitado para menores de 13 años. Pero la gestión de estos informes es gravosa para una entidad privada.

También recibimos quejas de los ciudadanos, que las canalizamos a través del Ministerio de Industria. Actualmente, la entrada en acción de un nuevo regulador, la Comisión de los Mercados y de la Competencia (que también debe ocuparse de los medios audiovisuales en cuanto a contenidos), obligará a cambiar el destino de tales quejas, si bien esto aún está por comprobar. Considero que tal organismo no tiene entre sus prioridades esa preocupación de cuidar los contenidos o proteger a los menores.

Otro medio propiamente nuestro son unas Premios anuales a programas de calidad y a profesionales relevantes. Llevamos 21 años haciéndolo. Nosotros proponemos y, en la selección final opina toda persona que lo desee, a través de nuestra página web.

Del mismo modo, hemos participado en campañas que fomentan la visión crítica de la programación televisiva, mediante contacto con padres y educadores, en centros docentes.

Por último, ATR llevará a cabo este año la segunda jornada a favor del Cine de Animación. El año pasado reunimos a doce cualificados especialistas del sector, tanto creativos como ejecutivos y críticos.

Mensualmente, ATR participa en contactos que iCmedia organiza con relevantes directivos de la industria de las productoras de televisión, a quienes expresamos nuestros puntos de vista tras escuchar los suyos. Así, promovemos un intercambio de intereses para buscar aproximaciones, nunca enfrentamientos. Una característica de nuestra asociación –y de la federación- es buscar lo que nos puede unir, no lo que separa. Jamás participamos en boicots a la televisión.

Además, hemos visitado a las doce grandes empresas españolas que se exhiben publicidad de sus productos en programas que incumplen el horario (de 17.00 a 20.00 horas) de protección a los menores de 13 años, no para amenazar, sino para pedirles que reflexionen sobre la inversión económica en espacios televisivos perjudiciales para los menores.

Por último, hemos participado en reuniones con todos los grupos parlamentarios del Parlamento español cada vez que se ha discutido o reformado alguna ley relacionada con lo audiovisual.

¿Cómo pueden los telespectadores hacerles llegar sus reclamos y consultas?

Me remito a la respuesta anterior. Añado que cualquier español puede dirigirse al Ministerio de Industria (departamento competente en la materia, desde un punto de vista administrativo), a denunciar cualquier incumplimiento de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, uno de cuyos apartados recoge la protección de los menores.

¿Vuestra organización tiene la facultad de sancionar a aquellos canales y/o programas que cometan infracciones? ¿Qué relación tienen con el o los organismos de control que deben aplicarlas?

Al ser una entidad privada no tenemos ninguna capacidad normativa ni, por tanto, tampoco sancionadora. Nos limitamos a instar a la autoridad administrativa (Gobierno, comunidades autónomas), y ahora al nuevo regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a que la ejerza. Las competencias de ambos organismos son imponer sanciones administrativas, no penales.

¿Cómo es su modelo de financiación?

ATR (y todas las asociaciones particulares de usuarios de medios incluidas en la federación iCmedia) se financian con las cuotas de sus afiliados. Sólo en casos muy especiales se puede obtener una subvención, por ejemplo para programas previamente aprobados por las administraciones que tengan valor pedagógico. Pero esto es excepcional.


Asociación de Usuarios de Medios Audiovisuales en Argentina. Entrevista completa a Mariano González Fernández, Director de Comunicación de ATR Madrid e iCmedia (España)